Los partenariados público-privados (Privado, PPP) siguen siendo criticados

Un mercado de 50 a 70 millares de dólares al año

Los paquetes de PPP promovidos por los organismos internacionales

Contratos de entre el 10 y el 20% menos económicos

Colusión y constitución de cárteles

Un proceso opaco y antidemocrático

Los partenariados público-privado (PPP) consisten en confiar al sector privado el conjunto de un proyecto del sector público, es decir su financiamiento, su construcción y su explotación. En cambio, el Estado o la colectividad debe pagar a la empresa un alquiler mensual, en general en un periodo que se extiende en varias décadas.

Un mercado de 50 a 70 millares de dólares al año

Fuente: OCDE 2012 (Nota: los PPP para el sector de la energía no están tomados en cuenta).

Aparecidos con los contratos de iniciativa de financiamiento privado (“Private Finance Initiative”) en Gran Bretaña a partir de 1992, los PPP se extendieron poco a poco al mundo entero, particularmente a Francia a partir de 2004, pero también a España, Brasil, Colombia, Perú, Chile, Canadá, Estados Unidos, Turquía, India, Australia, Nueva-Zelanda, Filipinas, China o Corea del Sur.

Entre 1991 y 2000, la población que recibía operadores privados en los países en vías de desarrollo pasó de 6 a 96 millones. Desde hace 10 años, el mercado de los nuevos PPP otorgados en el mundo varía entre 50 y 70 millares de dólares al año. En 2012, ha representado 86 millares de dólares, entre los cuales una parte importante de atribuciones a estructuras en explotación ya, o sea el 5% del mercado mundial de la construcción. En Gran Bretaña, los PPP representan hoy entre el 10 y el 15% de las inversiones públicas, mientras que en Brasil, la mitad de los aeropuertos están privatizados.

Los paquetes de PPP promovidos por organismos internacionales

Promovidos por los organismos internacionales como el Banco Mundial, el G20 o la OCDE, la ventaja de los PPP es permitir a los Estados y a las colectividades públicas que accedan a los miles de millares de dólares retenidos en los fondos de pensión, de las compañías de seguros y otros inversores institucionales. Las instituciones financieras internacionales aconsejan así a los gobernantes que concluyan varios PPP simultáneamente, para crear una cesta de activos que pueden estar agrupados y vendidos, a largo plazo, a inversores.

Sin embargo, los PPP son muy criticados desde hace unos años, a través de numerosos informes de estudios. El último emana de la Internacional de Servicios Públicos (ISP), una federación que reagrupa 669 sindicatos en 150 países, representando 20 millones de empleados del sector público. Según su autor, David Hall, antiguo director de la Unidad de Investigación de la Internacional de Servicios Públicos en el seno de la Escuela de Comercio de la Universidad de Greenwich en Londres, los PPP “constituyen un mecanismo de financiamiento de la infraestructura y servicios costosos e ineficaces, ya que disimula el préstamo público proporcionando a las empresas privadas las garantías de beneficios a largo plazo.” 

Contratos de entre el 10 y el 20% menos económicos

El recurrir a los PPP les permitió así a países como Nueva Zelanda, Australia, Canadá o Estados Unidos que alcanzaran el equilibrio presupuestario disimulando sus préstamos públicos, mientras que los importes que tienen que pagar cada año al promotor son iguales que los reembolsos anuales de un préstamo contractado para un proyecto clásico.

Al fin y al cabo, los PPP son incluso más caros, el sobrecoste inducido por la organización de licitaciones y el control de los contratos son entre el 10 y el 20% según el informe del ISP. La construcción de carreteras en Europa vía PPP costó el 24% más que el financiamiento público, según otro estudio del Banco Europeo de Inversiones (BEI), que, sin embargo, sostiene este tipo de contratos. Además, la necesidad de hacer que los proyectos estén más rentables, disminuyendo los costes al máximo, puede deteriorar los servicios públicos.

Colusión y constitución de carteles

Más caros que los mercados públicos clásicos o que las delegaciones de servicio público, los PPP también son menos eficaces y hasta pueden revelarse catastróficos. Numerosos ejemplos apoyan esta observación, como el fracaso del programa de los transportes londinenses, la prestación mediocre del aeropuerto de Nueva Delhi, los escándalos de corrupción en los proyectos de infraestructuras en Chile, o los problemas financieros relacionados con el paquete de PPP impuesto por la Troika en Portugal.

Excluyendo de estos mercados las PME y TPE, que se encuentran relegadas al rango de subcontratistas, estas licitaciones globales “favorecen la colusión y la constitución de carteles”. En Francia por ejemplo, el 92% de los contratos PPP fueron obtenidos por los grupos Bouygues, Eiffage y Vinci. “Los servicios públicos son fuente de beneficios potenciales para las empresas y los PPP están utilizados para acceder a ello”, subraya David Boys, secretario general adjunto del ISP, que constata que los clientes públicos se hacen prisioneros de estos contratos, mientras que los servicios son, a menudo, monopolísticos.

Un proceso opaco y antidemocrático

El PPP es un “proceso oscuro que se opera por lo esencial en secreto, escondiéndose detrás de negociaciones confidenciales para mantener una ventaja comercial”, añade el informe del ISP. Además de la ausencia de consultas públicas, que impide todo control democrático, los contratos comerciales resultan muy complejos, para proteger mejor los beneficios de las sociedades. Según el ISP, el nuevo ciclo de negociaciones comerciales en curso (Acuerdos sobre el Comercio de Servicios, ACS, Comprehensive Economic and Trade Agreement, CETA, Transatlantic Trade and Investment Partnership, TTIP), que se opera también en la opacidad, va a facilitar los PPP, haciendo casi imposible cualquier retroceso.

Mientras que las tasas de interés están muy bajas hoy, el ISP aconseja a los gobiernos y a las colectividades locales que desarrollen sus infraestructuras vía sus propios medios financieros. Según la ISP, el sector público impone un mejor control, una mayor flexibilidad y una mejor eficacia en estas construcciones, gracias a economías de escala, costes de transacción menos importantes, menos riesgos en la ejecución de las obras y más control democrático. La conservación de efectivos dedicados a los servicios públicos permite también la protección de empleos decentes y estables, cuando el empleo precario se generaliza en el sector privado, particularmente en la subcontratación.